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La decisión sobre la vida de otro… no es un derecho

La decisión sobre la vida de otro… no es un derecho

Cuando en una entrevista realizada hace pocos días, le preguntaron al Presidente de la República su opinión sobre el aborto, él respondió que, “como presidente preferiría tener posición de calma. Creo que la mujer debe tener decisión sobre su cuerpo”. Con ello, nuestro presidente parece fijar la posición del ejecutivo respecto al tema, un apoyo total, sin titubeos, sin dudas o márgenes.

Pues bien, nuestro Presidente parece olvidar que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (CPP. Art. 1°). Y es esta misma Constitución la que señala que “Toda persona tiene derecho a la vida (…)” y que “el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” (Art. 2°, inc. 1 CPP).

Pero, ¿por qué hacer referencia a estos mandatos constitucionales? ¿Qué relevancia tienen en una discusión en la que pareciera que existen dos posiciones antagónicas que vienen luchando por adquirir cada una popularidad? Como si decidir la legalización del aborto dependiera únicamente del número de “likes” que puede obtener cada postura o del número de congresistas, políticos o “famosos” que apoyen la una o la otra.

Estos principios constitucionales no son otra cosa que el fundamento y límite de la actuación de los Poderes del Estado y lo que es mejor aún, de todos los ciudadanos de este país. Estos principios constitucionales garantizan la convivencia pacífica y el futuro de nuestra Nación.

erika valdivieso

Que la defensa de la persona humana y su dignidad sea el fin supremo del Estado significa el reconocimiento – sin lugar a dudas – de que toda persona es valiosa en sí misma, por ser única e irrepetible, por tener inteligencia, voluntad, libertad y porque su sola existencia – al margen de las circunstancias que la rodeen – merece protección. Esta protección, se inicia precisamente con la protección de su vida, en la que se sustentan todos los demás derechos constitucionales, entendiendo además, que la vida se inicia desde el momento de la concepción.

Entonces, ¿Cómo es posible que actualmente cuestione la protección de este derecho – el derecho a la vida – pretendiendo en su lugar la protección del “derecho a decidir sobre su cuerpo” que alega nuestro Presidente y todos aquellos que propugnan la legalización del aborto – por ahora – en casos de embarazo causados por violación?

Es imprescindible aclarar una cosa. La agresión por violación es una de las peores manifestaciones de violencia que puede sufrir una mujer, es injustificable e inaceptable y el Estado debe proteger a las víctimas de este hecho. Sin embargo, esta protección no puede, ni debe hacerse efectiva con la vulneración de los derechos de otro ser humano – el concebido –  a través de la legalización del aborto en estos casos. Si el Estado admite esta situación, no haría más que transgredir el mandato constitucional al que está obligado.

El olvido “del otro”, es lo que sustenta el argumento de quienes defienden el aborto. El olvido de que, hay una persona que sufrirá con su propia vida las consecuencias de la decisión que una mujer, amparada por una norma, llegue a tomar. Se alega un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, olvidando que en esa decisión, inevitablemente se afecta “a otro”. A un sujeto distinto, con la misma dignidad y derechos que posee quien pretende decidir sobre él. Si ponemos atención, con la aprobación de una ley como ésta, la mujer no decide sobre su propio cuerpo, decide sobre el cuerpo – y la vida – de otro. Y en este caso, necesariamente debemos hacernos esta pregunta: ¿Existe acaso este “derecho”? ¿Existe el “derecho a decidir sobre la vida de otro”? La respuesta es no.

El derecho garantiza la convivencia y la paz social, y el derecho solo tiene sentido en la vida de relación. Pues cada facultad se ejercita respecto de otro, cada obligación supone un deber frente a otro. Y la relación que tienen una madre y su hijo es – entre todas – la más especial, pues es una relación de dependencia, que pone en evidencia la fragilidad del ser humano. El hijo en el vientre, depende de su madre para vivir, para desarrollarse y por ello el deber de cuidado hacia él es mayor. Este deber de cuidado para con el débil, es tanto tarea de la madre – aquella de quien depende en primer lugar – como del Estado. No existe razón jurídica ni lógica para que este deber de cuidado decante en la facultad de la madre o del Estado, de decidir sobre su vida. 

Ni la Constitución Política, ni ninguna otra norma legal existente en nuestro país lo permiten, ni lo permitirán. Sobre todo si se mantiene el reconocimiento de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fines supremos de la sociedad y del Estado y como principios que incluso son anteriores a cualquier norma legal.
La decisión sobre la vida de otro, no es una cuestión sobre la que deba decidir el Presidente, su esposa, un grupo de personas o una madre. Tampoco es una decisión que pueda ser sometida a debate, sobre todo cuando los argumentos que lo sustentan son subjetivos y solo reconocen derechos a uno de los sujetos involucrados. En todo caso, si eso es lo que se pretende, primero deberíamos aceptar que vamos camino a convertirnos en una sociedad sin principios, en una Nación sin valores, en la que ni siquiera, el principio fundamental del respeto por la vida humana, tiene cabida.

 

 

 

Por: Erika Valdivieso en COSAS QUE DECIR. UN LEGÍTIMO EJERCICIO DE NUESTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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